“Luis Romasanta Marquínez, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con el número dos de su promoción, es el nuevo interventor del Atlético de Madrid y ayer tomó posesión de su cargo.
Romasanta posee un brillante currículo, puesto que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho por la Universidad Complutense. Es licenciado en Ciencias de la Información con el número uno de su promoción y también ha cursado la carrera de Filosofía y Letras, rama Filosofía pura. Es master en Alta Dirección y Gestión de Empresas y ha participado como interventor judicial de varias sociedades embargadas, como el caso AVA, que se tramita en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.
Como periodista, fue editorialista del diario vespertino Pueblo y durante cuatro años creó y asesoró un programa de economía en Televisión Española. En 1977 fue galardonado con el Premio Ondas. “
Así presentaba El País en su edición de 13 de abril de 2000, al que habría de ser el interventor del Atlético de Madrid, nombrado por el juez García Castellón, en sustitución de su Administrador Judicial, Luis Rubí Blanc. Su función, supervisar y autorizar todas y cada una de las operaciones de la entidad. Esto es, partir el bacalao desde la posición de un profesional independiente y de reconocido prestigio. Todo un seguro y garantía de ecuanimidad y profesionalidad.
Diez años después, el seguro ha saltado por los aires y se ciernen sobre Romasanta unos oscuros nubarrones de tormentosa sospecha, que se han disparado como siempre suele suceder con estas cosas, por un descuido en una consversación grabada que, vía imputado en un asunto judicial intervenido por aquél, ha ido a parar en forma de carnaza a las fauces hambrientas de chicha informativa de un avispado redactor de Interviú.
Pero como ya supongo que conocerán la más rabiosa actualidad, centrémonos en qué transcendencia tuvo la actuación del ahora controvertido interventor en la gestión de nuestro Club, hoy reconvertido a cluz por obra y gracia de sus ilegítimos propietarios y, quién sabe si con la colaboración del actor principal de este artículo, que evidentemente no soy yo.
Tras una semana en el cargo y según publicaba El País el 19 de abril de 2000, coincidiendo con la noticia de los tres partidos de suspensión a Jimmy Floyd Hasselbaink tras su expulsión frente al Málaga a falta de seis partidos vitales para finalizar aquél nefasto campeonato,
“el nuevo interventor judicial del Atlético, anunció ayer su intención de desarrollar su labor en el club de fútbol sin hacer comentarios públicos. Romasanta, que estuvo reunido con el director general de la entidad rojiblanca, Miguel Ángel Gil Marín, para transmitirle la línea de trabajo que mantendrá mientras esté en el cargo, acudió al estadio Vicente Calderón para comenzar a desempeñar su función. Romasanta será el encargado de supervisar y dar el visto bueno a las operaciones económicas que acometa el club, para lo que contará con dos colaboradores del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.”
Así pues, aunque Jesús Gil ya había vuelto por sus fueros y acababa de retomar el cargo de Presidente, su apretadísima agenda llevó a Romasanta a los cálidos y a la vez procelosos brazos de su vástago Miguel Ángel, a la sazón futuro capo de la famiglia.
Y apenas seis meses más tarde, con el equipo ya en segunda, y más concretamente el 10 de octubre de 2000, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo autorizó al Atlético a vender dos parcelas de su propiedad, con las que el club obtuvo los ingresos suficientes para hacer frente al desequilibrio registrado en términos de tesorería, lógicamente con el informe positivo previo del ínclito Romasanta .
Me van a permitir que al hilo de esta observación, sí introduzca ahora una frase de las actualmente imputadas al entonces interventor, que creo viene al pelo y les hará reflexionar.
“Ciento cincuenta mil euros en dinero negro o un apartamento en Marbella cerca del mar.”
Esas son las condiciones decía Interviú, que –según varias grabaciones a las que ha tenido acceso esta revista– solicita el interventor de la Audiencia Nacional Luis Romasanta para autorizar la venta de un chalé en Marbella embargado por orden del juez Baltasar Garzón. El principal imputado de la instrucción, cansado de los supuestos abusos del funcionario, grabó durante meses sus conversaciones. Ahora, interviú desvela el contenido.
Evidentemente a día de hoy no existen pruebas de que Romasanta sacara tajada de la venta de esas dos parcelas de los aledaños este y oeste del Calderón, por todos conocidas y donde hoy en día se asientan dos conjuntos residenciales levantados por VEMUSA, cuyo administrador está hoy imputado en el caso Malaya, del cual curiosamente es interventor judicial nuestro protagonista. Puede que de la anunciada revisión de los expedientes judiciales donde está implicado Romasanta como interventor, salgan a la luz datos que confirmen si ya en el 2000 actuaba según revelan las cintas que le inculpan, o puede que no. Lo cierto es que, de momento, no existen datos que permitan cargarle otras posibles corruptelas, ya sean relacionadas con el Atletico de Madrid o no. Ni siquiera indicios y, al que suscribe, le gusta ser escrupuloso con todo lo que tenga que ver con la presunción de inocencia. Pero estaremos pendientes de cómo se desenrolla la madeja.
Solamente seis meses después, Luis Romasanta el 10 de abril de 2001, solicitó que se levantaran todas las medidas cautelares que pesaban sobre el club, medida que autorizó el juez Juán Del Olmo en el mes de mayo, de forma parcial, lo que permite a Jesús Gil no pedir autorización por las operaciones económicas del club siempre que no superen los cien millones de pesetas.
Como saben ustedes la intervención judicial del Atlético de Madrid se levantó por orden de la Audiencia Nacional en julio de 2004, tras conocerse la famosa sentencia del Tribunal Supremo por el caso Atlético. Pero Luis Romasanta se había desvinculado del caso mucho tiempo atrás.
Lo que sí se conoce fue la reacción del fiscal Castresana a la propuesta de Romasanta de retirar todas las medidas cautelares que pesaban sobre la entidad, según publicó el diario El Mundo el 21 de abril de 2001:
“El fiscal admite que «probablemente es cierto», como señaló Romasanta, que el Atlético es el único club de España sometido a intervención judicial, pero añade que «no es menos cierto que se trata del único club, que sepamos, que se encuentra en la situación de que quienes pretenden ser sus propietarios en un 95% no lo son en realidad».
Además, como Romasanta dijo en su informe que a las mejoras que ha experimentado el Atlético «no es ajeno» el hecho de la intervención, y dado que los resultados económicos y empresariales del año de intervención judicial «parecen excelentes», Castresana se pregunta «¿por qué el interventor interesa entonces que se alce una medida que está resultando tan saludable para la empresa?».
El fiscal afirma también que el informe de Romasanta «rebasa ostensiblemente los términos del encargo conferido por el Juzgado», y que al proponer el levantamiento de la intervención y la adopción de medidas alternativas «asume, de hecho, una posición de parte procesal que corresponde a la postulación de los imputados».
Rechaza, por tanto, la sustitución de la intervención por un «control financiero posterior», que califica que «ilusorio» porque «dicho control tendría que realizarse sobre la información financiera que facilitaran los imputados, quienes precisamente están imputados por haber falseado sistemáticamente las cuentas del club desde 1992».
Asimismo, asegura que «sorprende» que un miembro de la Intervención General del Estado como Romasanta diga que, debido a la intervención judicial, el Atlético «actúa en desventaja dentro del sector», y se pregunta «¿qué estima el interventor que podría o debería hacer el Atlético que no pueda hacer por estar intervenido?».”
La oposición de Carlos Castresana dio su fruto y el levantamiento de las cautelas solo se produjo sobre operaciones de menos de 100 kilos de los de antes, en contra de lo instado por Romasanta y para disgusto de Jesús Gil, que al conocer lo que había propuesto el interventor había declarado que ya se empezaba a ver la luz al final del tunel.
Desconozco qué hubiera pasado de ser acogida integramente la petición del interventor, pero supongo que dar rienda suelta al saqueo continuo en su día denunciado por Castresana, no habría sido lo mejor ni lo más inteligente, lo cual hay que agradecer al juez Juán del Olmo y al propio fiscal.
Para ir acabando, les dejo unas declaraciones a la SER de fuentes de lafiscalía Anticorrupción, sobre Romasanta:
“Fuentes de la Fiscalía anticorrupción han explicado a la Cadena SER - que Romasanta no es "santo de su devoción" y que ya le denunciaron ante la Intervención General de la Administración del Estado por sus informes a la carta en el caso del ayuntamiento de Marbella. La Fiscalía sospechaba que Romasanta convalidaba jurídicamente los asuntos y acuerdos que convenían a los concejales del ayuntamiento presidido por Jesús Gil.”
Se preguntarán ustedes qué incidencia puede tener este episodio en el devenir de nuestro Atleti. Por el momento resulta una incógnita sin respuesta, si bien es conocido que el Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha abierto la investigación alertado por la posibilidad de que el presunto cobro de comisiones por parte de este interventor salpique a varios de los juzgados para los que estaba trabajando.
“Unas diligencias que ha enviado además a la fiscalía de la Audiencia porque podrían ser constitutivas de un delito. Un presunto delito de cohecho cometido por el funcionario público por cobrar comisiones en dinero negro a cambio de facilitar la venta de bienes embargados por este Tribunal y que estaban bajo su supervisión”, todo ello según explica la SER en el enlace que antes les he detallado.
Lógicamente, habrá que seguir esperanzados el devenir de los acontecimientos, porque de dichas investigaciones podría deducirse la comisión de algún presunto acto delictivo por parte del interventor o de los que fueron agentes en los asuntos en los que participó y, ésto, sí puede implicar a los que, merced a una sentencia de marcado carácter político , a mi modesto entender, se libraron por mor del instituto de la prescrpción de dar con sus huesos en la cárcel, en perjuicio del otrora glorioso Club Atlético de Madrid, reconvertido desde hace ya casi dos décadas en una marca comercial pésimamente gestionada y con una deuda cercana a los seiscientos millones de euros. Pero eso, es harina de otro costal, ¿verdad?.
